Dudas
La inconstitucionalidad del indulto decretado por Carlos Menem en 1990 me deja algunas dudas. Empiezo por las certezas y luego paso a las dudas:
1. No tengo dudas que la desaparición de personas, el robo de su patrimonio, la apropiación de los hijos de los desaparecidos y peor aun, de sus identidades, son crímenes horrendos que probablemente no encuentran precedente en nuestra historia. Los responsables y los ejecutores de semejantes actos merecen enfrentar la justicia, aquella que le negaron a sus víctimas, y en caso de ser declarados culpables, cumplir con el castigo que la justicia les señale.
2. Concuerdo en que los delitos de lesa humanidad -como la desaparición forzada de personas- son imprescriptibles. Y que la justicia -que en la facultad alguna vez me enseñaron que es 'darle a cada uno lo que le corresponde'- no puede descansar hasta que quienes tuvieron la responsabilidad de poner en marcha la comisión de semejantes delitos paguen por sus crímenes.
Ahora, veamos las dudas que tengo:
1. Los votos en disidencia de Argibay y Fayt (aclaro que solo he leido resúmenes, pero espero su pronta publicación para leerlos) me generan dudas. Si como ellos dicen, estamos poniendo en duda garantías tales como el principio de cosa juzgada o la irretroactividad del derecho penal (salvo para beneficio de los reos) creo que entramos en un camino peligroso. Se está sentando un pésimo precedente: con tal de condenar algo que merece a todas luces ser condenado, no nos importa violentar principios que hoy beneficiarían al execrable General Santiago Riveros, pero que en circunstancias normales sirven para proteger al resto de los ciudadanos. Alguien podrá decirme que dado que los crímenes de los que es culpable Riveros no son usuales y que por lo tanto distinto será el caso cuando la Corte lidie con crímenes usuales. Es cierto, pero el precedente existe. Siempre se podrá decir que la irretroactividad del derecho penal y el principio de cosa juzgada rigen siempre salvo cuando... Y el peligro de ampliar las excepciones existe.
2. La Corte ha anulado los indultos, que no solo beneficiaron a los jerarcas de la dictadura asesina, sino también a los soberbios armados. Pero es obvio que la Corte viene haciendo malabares desde hace años para evitar que los crímenes de los soberbios armados sean considerados delitos de lesa humanidad. Así la Corte evitó considerar al terrorismo como delito de lesa humanidad en los casos del etarra Simón Lariz Iriondo y del terrorista chileno Pedro Apaolaza del Frente Patríótico Manuel Rodríguez, responsable este último del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, es decir luego de finalizada la dictadura pinochetista. La razón para no declarar al terrorismo como crimen de lesa humanidad es obvia: si la Corte hubiera fallado de esa forma, los actos terroristas hubieran pasado a ser imprescriptibles, y los montoneros y erpios beneficiados por el indultos habrían sido llamados a responder ante los tribunales por sus acciones. Cabe preguntarse: ¿es el terrorismo un crimen de lesa humanidad? ¿O sólo es de lesa humanidad el terrorismo de estado? La Corte nos debe una respuesta sobre este punto.
Es indudable que de todas las formas posibles de terrorismo, el terrorismo de estado es la peor, porque somos abusados por quien supuestamente debe velar por nuestra seguridad. Incluso desde el punto de vista del criminal, bajo el estado de derecho, el mismo goza de garantías que bajo cualquier caso deben respetarse. Así y todo, decir que el terrorismo de estado sea peor al terrorismo perpetrado por bandas armadas no estatales, no implica que las demás variantes de terrorismo sean hechos menores. Todo lo contrario. Son faltas graves, y como tales merecen el castigo dentro de la ley. Dado que no todos los crímenes revisten la misma gravedad es por ello que existe una proporcionalidad en las penas. Por ende, ya que nos hemos decidido a revisar lo actuado, no estaría de más superar interpretaciones simplistas de la historia y hacer una revisión a fondo, en la cual se reevalúe qué responsabilidad les cupo a las cúpulas de los grupos terroristas como ERP y Montoneros. Insisto, su responsabilidad no es comparable a la de las Juntas que contaban con el poder del Estado. Así y todo, los soberbios armados deberían dar cuenta ante la sociedad por sus actos.
Sea como sea, y con las dudas planteadas, aunque sea tarde, siempre es bueno que haya justicia.
1. No tengo dudas que la desaparición de personas, el robo de su patrimonio, la apropiación de los hijos de los desaparecidos y peor aun, de sus identidades, son crímenes horrendos que probablemente no encuentran precedente en nuestra historia. Los responsables y los ejecutores de semejantes actos merecen enfrentar la justicia, aquella que le negaron a sus víctimas, y en caso de ser declarados culpables, cumplir con el castigo que la justicia les señale.
2. Concuerdo en que los delitos de lesa humanidad -como la desaparición forzada de personas- son imprescriptibles. Y que la justicia -que en la facultad alguna vez me enseñaron que es 'darle a cada uno lo que le corresponde'- no puede descansar hasta que quienes tuvieron la responsabilidad de poner en marcha la comisión de semejantes delitos paguen por sus crímenes.
Ahora, veamos las dudas que tengo:
1. Los votos en disidencia de Argibay y Fayt (aclaro que solo he leido resúmenes, pero espero su pronta publicación para leerlos) me generan dudas. Si como ellos dicen, estamos poniendo en duda garantías tales como el principio de cosa juzgada o la irretroactividad del derecho penal (salvo para beneficio de los reos) creo que entramos en un camino peligroso. Se está sentando un pésimo precedente: con tal de condenar algo que merece a todas luces ser condenado, no nos importa violentar principios que hoy beneficiarían al execrable General Santiago Riveros, pero que en circunstancias normales sirven para proteger al resto de los ciudadanos. Alguien podrá decirme que dado que los crímenes de los que es culpable Riveros no son usuales y que por lo tanto distinto será el caso cuando la Corte lidie con crímenes usuales. Es cierto, pero el precedente existe. Siempre se podrá decir que la irretroactividad del derecho penal y el principio de cosa juzgada rigen siempre salvo cuando... Y el peligro de ampliar las excepciones existe.
2. La Corte ha anulado los indultos, que no solo beneficiaron a los jerarcas de la dictadura asesina, sino también a los soberbios armados. Pero es obvio que la Corte viene haciendo malabares desde hace años para evitar que los crímenes de los soberbios armados sean considerados delitos de lesa humanidad. Así la Corte evitó considerar al terrorismo como delito de lesa humanidad en los casos del etarra Simón Lariz Iriondo y del terrorista chileno Pedro Apaolaza del Frente Patríótico Manuel Rodríguez, responsable este último del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, es decir luego de finalizada la dictadura pinochetista. La razón para no declarar al terrorismo como crimen de lesa humanidad es obvia: si la Corte hubiera fallado de esa forma, los actos terroristas hubieran pasado a ser imprescriptibles, y los montoneros y erpios beneficiados por el indultos habrían sido llamados a responder ante los tribunales por sus acciones. Cabe preguntarse: ¿es el terrorismo un crimen de lesa humanidad? ¿O sólo es de lesa humanidad el terrorismo de estado? La Corte nos debe una respuesta sobre este punto.
Es indudable que de todas las formas posibles de terrorismo, el terrorismo de estado es la peor, porque somos abusados por quien supuestamente debe velar por nuestra seguridad. Incluso desde el punto de vista del criminal, bajo el estado de derecho, el mismo goza de garantías que bajo cualquier caso deben respetarse. Así y todo, decir que el terrorismo de estado sea peor al terrorismo perpetrado por bandas armadas no estatales, no implica que las demás variantes de terrorismo sean hechos menores. Todo lo contrario. Son faltas graves, y como tales merecen el castigo dentro de la ley. Dado que no todos los crímenes revisten la misma gravedad es por ello que existe una proporcionalidad en las penas. Por ende, ya que nos hemos decidido a revisar lo actuado, no estaría de más superar interpretaciones simplistas de la historia y hacer una revisión a fondo, en la cual se reevalúe qué responsabilidad les cupo a las cúpulas de los grupos terroristas como ERP y Montoneros. Insisto, su responsabilidad no es comparable a la de las Juntas que contaban con el poder del Estado. Así y todo, los soberbios armados deberían dar cuenta ante la sociedad por sus actos.
Sea como sea, y con las dudas planteadas, aunque sea tarde, siempre es bueno que haya justicia.
posted by Zabalita at 5:02 p. m.
5 Comments:
Concuerdo con su postura. Me resulta una lastima que estos hechos trágicos se utilicen como herramienta política. Revuelve las tripas la idea de que solo una parte de los actores de aquellos tiempos sean juzgados. Y ojo, esto no quiere decir que los militares que desde el Estado “aterrorizaron” no deban ser juzgados.
Por otro lado, ¿no debería ser borrón y cuenta nueva?, ¿no podríamos seguir adelante, dejar de regocijarnos en las desgracias pasadas y prestar atención a las actuales? .
Respondan tribunos si no sienten dolor por el manoseo de la memoria.
este es un comentario desde el corazon, no hay academicismo en el, solo corazon.
perdón. corazón va con acento en la última o.
Más allá de si se usan o no como herramienta política recordemos que según los clásicos el acto justo es separable de la intención del agente. A lo que voy es que cualquiera sea la intencionalidad del gobierno al impulsar la política de derechos humanos, poner tras las rejas a criminales horrendos y cínicos como fueron los miembros de las juntas militares y demás jerarcas, sigue siendo un acto justo.
Mi principal cuestionamiento va hacia el riesgoso precedente de violar garantías constitucionales. Por eso, por un lado diría que me hace feliz el castigo a los culpables, pero por otro, suscribo a lo que plantea Argibay, por quien no sentía mucha simpatía originalmente, pero que con su voto enalteció su rol de juez de la corte.
En cuanto al manoseo de la memoria...Sí, efectivamente el gobierno tiene una pretensión de manosear la memoria. Pero creo que todos la han tenido: Alfonsín con sus dos demonios,Menem con la idea de una guerra abierta (con lo cual implícitamente avalaba la comisión de atrocidades) y ahora Kirchner con su exaltación a los militantes de los 70.
En lo personal siento que nos debemos un debate algo más serio donde haya un reconocimiento de responsabilidades. Balza lo hizo en su momento y eso le costó ser condenado al ostracismo en el mundo militar. La Iglesia también lo hizo de alguna manera en 'Iglesia y Comunidad Nacional'. Del periodismo aun espero el mea culpa, de buena parte de los políticos también ni que decir de las cúpulas del ERP y Montoneros que solo se limitan a hacer una 'autocrítica', término elusivo y autoindulgente si los hay.
La sociedad por otro lado ha preferido mirar para otro lado. Cualquier estudioso sabe que el golpe fue recibido con indiferencia cuando no con alivio o entusiasmo, sensaciones que no se limitaban a un par de oligarcas o cajetillas. Y a riesgo de ser bastante duro, diría que de haber durado unos años más la bonanza de la 'tablita' y el 'deme dos' nuestra sociedad, cambiante e hipócrita, tal vez no le hubiera prestado atención a las desapariciones. Difícil saberlo.
De momento, y con todos los matices del caso, creo que pese a todo, que quienes cometieron actos atroces si los hay, finalmente tengan que, por lo menos, desfilar por tribunales, me alegra.
Creo que es un gran error considerar como "crímenes de lesa humanidad" solamente a los crímenes realizados con el amparo del Estado. Por un lado, esta afirmación se opone a la declaración hecha por la ONU respecto a este tema, y sienta un precedente peligroso que dificultará la resolución de numerosos conflictos, entre ellos el famoso caso AMIA.
Comparto con Zabalita que las juntas militares tienen la mayor reponsabilidad por lo ocurrido en la Argentina en los años `70. Sin embargo, no son los únicos responsables de los hechos ocurridos. Existieron grupos tales como ERP o Montoneros que también cometieron crímenes de lesa humanidad. Por esto, es que si son declarados nulos los indultos, deben reabrirse tambien las causas de los guerrilleros.
Totalmente de acuerdo: los actos de terrorismo deberían considerarse crímenes de lesa humanidad. Así y todo, y sin ocultar mi antipatía manifiesta por ERP y Montoneros, no los pondría en el mismo nivel de criminalidad de las Juntas.
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