Misiones Importa

Las elecciones para convencionales constituyentes de Misiones se han convertido en un verdadero test de fuerza para el gobierno. La pretensión del gobernador Rovira de modificar la constitución provincial para incluir la posibilidad de reelección indefinida, y así poder aspirar a un nuevo mandato el año que viene ha recibido el respaldo explícito del presidente Kirchner, quien, frente a la candidatura de Monseñor Piña, cabeza de la oposición a la pretensión reeleccionista de Rovira, no ha dudado en enfrentarse con la Iglesia.

Desde parte de la prensa y de la oposición se ha interpretado a la constituyente de Misiones como un globo de ensayo del presidente Kirchner, quien, en caso de ser reelecto el año que viene, buscaría modificar la constitución nacional e instaurar la posibilidad de reelección indefinida, pero a nivel presidencial. El gobierno, sin embargo, ha negado que tenga intenciones de reformar la constitución durante el actual mandato, desmintiendo así las especulaciones lanzadas desde la prensa.

Sea o no Misiones una primera avanzada destinada a sondear el humor colectivo respecto de la reelección indefinida, la constituyente provincial es igualmente una cuestión de suma importancia para la calidad de nuestra democracia. Y es justamente esto lo que está en juego en esta oportunidad: el modelo de democracia al cual aspiramos. Una democracia republicana inspirada en los principios de soberanía del pueblo y división de poderes como la que prescribe nuestra constitución nacional; una democracia que busca combinar el gobierno de mayorías con los derechos de las minorías, cualquiera sean estas; en definitiva una democracia de ciudadanos; o por el contrario una democracia delegativa, donde quien gana una elección se cree con derecho a hacer lo que crea conveniente sin reconocer ningún tipo de límite o restricción más que el que establecen las relaciones de poder; una democracia plebiscitaria que degrada las instituciones republicanas; una democracia de súbditos que se agota en la única instancia de la elección cada dos o cuatro años, pero plena en prácticas autoritarias en el día a día; en fin una democracia que de democracia tiene poco.

Probablemente algunos pensarán que la oposición exagera la importancia de la elección en Misiones considerando que ya otras provincias han adoptado en el pasado la reelección indefinida y que en aquellas oportunidades no se le dedicó la atención que ahora acapara este caso. Es posible. Sin embargo una breve reflexión puede ilustrar hasta que punto el caso misionero excede lo puramente local y afecta a la calidad democrática del resto del país.

Al ser la Argentina una república federal, nuestra ciudadanía puede descomponerse en dos niveles: un nivel nacional y un nivel provincial. Cuando elegimos autoridades, no sólo votamos para Presidente y para legisladores nacionales, sino que también lo hacemos para gobernadores y legisladores provinciales. En nuestra conducta diaria no sólo nos vemos regulados por las normas que aprueba el Congreso nacional, sino que también nos encontramos obligados por las leyes sancionadas por las asambleas provinciales. El encargado de aplicar buena parte de la legislación que nos rige, no es el Poder Judicial a nivel federal, sino la justicia provincial, designada de acuerdo a las reglas que rigen cada uno de los distritos que integran el país. Esta suerte de ciudadanía de dos niveles que poseemos hace que bien podamos tener un mayor nivel de democracia a nivel nacional combinado con menos democracia a nivel local.

Es decir que en nuestro sistema la democracia a nivel nacional puede perfectamente coexistir con crecientes dosis de autoritarismo en otros niveles. ¿Y es que acaso no ha sido así? ¿No fueron Santiago del Estero o Catamarca verdaderos feudos, donde las garantías republicanas y los derechos civiles eran claramente vulnerados hasta que los crímenes horrendos de la Dársena y de María Soledad Morales respectivamente, despertaron a la sociedad civil del letargo y dieron por tierra con el cacicazgo? Si bien la situación de las distintas provincias varía significativamente, y en varios distritos afortunadamente la democracia funciona razonablemente bien al nivel local, no es necesario ser un observador agudo para darse cuenta que el caudillismo de rasgos autoritarios es algo más que el objeto de estudios históricos o una fuente de inspiración para escritores enrolados en el realismo mágico.

Ahora bien, la debilidad democrática a nivel local tranquilamente puede contagiar a la democracia a nivel nacional. ¿Y esto por qué? Muy simple: en la Argentina las gobernaciones provinciales han sido desde el retorno de la democracia la plataforma para la presidencia. A excepción de Alfonsín, todos los jefes de estado que llegaron al poder por la vía del voto eran al momento de ser electos gobernadores (Menem y Kirchner) o en el caso de De la Rúa era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (cargo asimilable al de gobernador). Si incluimos a quienes fueron oportunamente designados por el Congreso para enfrentar la acefalía presidencial, encontramos a otros tres ex gobernadores (Puerta, Rodríguez Saá y Duhalde). En síntesis, de los 8 presidentes que nos han gobernado desde el regreso de la democracia, sólo Raúl Alfonsín y Eduardo Camaño no habían sido previamente gobernadores. Si las gobernaciones han sido un paso cuasi obligado para acceder a la presidencia, las prácticas de los gobernadores importan dado que quien se comporta de manera autoritaria cuando es gobernador probablemente intente hacerlo cuando alcance la presidencia.

Para los habitantes de los grandes centros urbanos, generalmente ubicados en distritos en los que afortunadamente el pluralismo es la regla antes que la excepción, hablar de esta coexistencia de democracia a nivel nacional con prácticas autoritarias a nivel local puede sonar extraña. Y es que la censura, el abuso de autoridad, el nepotismo, aunque no del todo ausentes lamentablemente en los grandes centros urbanos, son más bien moneda corriente en el interior. Sin embargo, cuando elegimos para la presidencia a un gobernador poco afecto a la tolerancia y al pluralismo, estamos importando sus prácticas, que hasta entonces sólo soportaban sus co-provincianos, al nivel nacional.

En este sentido, teniendo en cuenta las prácticas de nuestro presidente durante sus doce años como gobernador de Santa Cruz, ¿es acaso una sorpresa que desde Octubre del año pasado se haya abocado a lisa y llanamente a anular o debilitar cualquier tipo de instancia de control sobre el Poder Ejecutivo? ¿Qué son sino un intento de atrofiar la división de poderes, la reforma del Consejo de la Magistratura, la aprobación de los Superpoderes y la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia? Podríamos extendernos aun más y hacer referencias a los métodos intimidatorios que usa muchas veces el gobierno a través de algunos de sus más deleznables personeros, pero no es el punto en esta ocasión. Y así como decimos esto hoy de Kirchner, también podríamos decirlo de alguno de sus predecesores que también mostraban muy poco afecto por las instituciones democráticas, que construyeron mayorías automáticas en la Corte Suprema y creyeron posible gobernar por decreto y convertir, como también lo pretende el actual gobierno, el Congreso en una oficina de sellos.

Con lo expuesto queda claro que en Misiones se juega mucho más que una reforma constitucional provincial o la posibilidad de darle un gobernador la facultad de presentarse cuantas veces quiera a buscar un nuevo mandato. No, es obvio que lo que está en juego es más importante, es la calidad de la democracia. El tipo de democracia que tengamos a nivel provincial importa, porque son justamente quienes hacen política en las provincias, y particularmente quienes conducen las provincias, quienes después se convierten en los principales aspirantes a la presidencia. Si permitimos que haya prácticas autoritarias en las provincias, no deberá sorprendernos que las mismas dejen de ser una curiosidad local o una mención en alguna página perdida de los medios de circulación nacional y pasen a ser una práctica cotidiana y generalizada, cuando el Legislativo nacional pierda la poca dignidad que aun conserva, cuando la intimidación y el temor le ganen al pluralismo y a la tolerancia, cuando la posibilidad de expresarse sin miedo a la represalia hayan dejado de existir y habitemos una democracia de súbditos antes que en una democracia de ciudadanos.